Por Josefina Marcuzzi (*)

Autores, editores y referentes del sector del libro como Denis Fernández, Marina Yuszczuk y Cecilia Fanti, entre otros, protagonizaron un cruce de posturas con la escritora Camila Sosa Villada en torno a cómo se conforma el valor del precio de los libros y los factores que gravitan en su composición, a partir de un posteo de la autora de “Las malas” en el que sugirió que la industria debe bajar los precios de los textos.

“A ver, editorial, si vamos bajando los precios, que además ya se amortizaron. Salvo que quieran matar a los autores y distanciarlos de sus lectores, cosa que me parece muy probable dados los últimos acontecimientos. Bajen los precios”, dijo hoy en X (ex Twitter) la escritora Camila Sosa Villada. El mensaje, como una suerte de granada lanzada al éter de las redes sociales, hizo contacto y estalló. Editores, autores y otros referentes del ecosistema editorial abrieron a partir del posteo un debate en esa red social en torno al costo y el valor de venta del libro.

El cruce de opiniones se produce además en un contexto bastante particular, en medio de una sesión del Congreso en el que diputados y diputadas debatirán la posible derogación de la Ley de protección de la actividad librera, que garantiza el precio único del libro en Argentina y permite que nuestro país sea uno de los mejores posicionados del mundo editorial en América Latina.

Uno de los primeros en recoger el tema fue Denis Fernández, editor del sello Marciana, quién explicó a la agencia de noticias Télam: “Soy consciente de que los precios de los libros no paran de aumentar, pero a ese precio se llega por la inflación indiscriminada y porque hay un arrastre de aumentos desproporcionados en toda la cadena productiva. Y no suben solamente los libros. El café cuesta 20 mil pesos el kilo. No seamos necios.”

De acuerdo a los datos aportados por Marina Yuszczuk, editora del sello Rosa Iceberg, del 100% del valor del precio único del libro cerca del 40% corresponde a la editorial, un 20% es para la distribuidora, el 10% es para el autor y el 30% se utiliza para pagar imprenta y el trabajo de todas las personas involucradas en el proceso de trabajo: correctores, diseñadores, prensa, redes sociales, envíos y depósito.

El año pasado el aumento del papel fue del 300%, muy por encima de la inflación. En el caso de Rosa Iceberg, que comenzó su producción en 2017, el costo de impresión en ese entonces era del 10% del PVP. Si ahora quisiera mantener la proporción, el precio de venta del libro debería rondar los 20 mil pesos. “Una editorial independiente no puede aplicar un aumento así, entonces hay dos opciones: o recortar por otro lado, o no hacer el libro”, explica la editora.

Respecto al debate que fue creciendo en las redes sociales, Yuszczuk considera que no se trata de falta de información, sino que el Gobierno actual habilitó un clima de época en el que la gente no quiere saber sino que sólo quiere gritar.

“El riesgo es que se atomice el sector y nos peleemos entre nosotros, en lugar de apuntar adonde hay que apuntar, que es al Gobierno. La forma en que se hizo el ajuste fue completamente brutal, y fue una decisión política; en ese contexto, me parece ridículo pelearnos por un hueso”, agrega.

En el cruce a través de redes sociales Sosa Villada aclaró que con su mensaje no se refería a la editorial que publica su obra (Tusquets), ni a ningún sello en particular, sino que hablaba de los precios de los libros en general.

Cecilia Fanti, autora de “La chica del milagro”, librera en Céspedes y vicepresidenta de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, considera que falta información y falta difusión en torno a cómo se constituye el valor de un libro. “La Cámara del Libro hace un esfuerzo grande para contar cómo se compone el precio del libro y dentro del sector editorial todos acompañamos ese objetivo, pero también es cierto que un escritor no tiene por qué saber exactamente cómo funciona eso”, reflexiona.

En cambio, la postura de Yuszczuk es más crítica para con algunos escritores. “Lo que observo en estos últimos años es un divismo creciente de parte de muchos autores y un exitismo feroz, que hace que solo puedan pensar en sus propios contratos y ganancias y no les interese en lo más mínimo tener una visión más de conjunto del ecosistema del libro, ni de la cultura en general. El tema es: vendo yo y lo demás que reviente, aunque se disfrace demagógicamente de una preocupación porque los propios libros resulten accesibles”, sostiene la editora.

De acuerdo a lo que explicó Fernández a Télam, los costos para sostener editorial Marciana tienen una incidencia directa en el valor del PVP. Estas variables incluyen maquetación, corrección, ilustración, diseño, costo de imprenta, prensa, el 40% que se destina a librerías que se cobra a 30, 60 o 90 días, el 20% para la distribuidora y el 10% del autor.

“Y el salario del editor por su trabajo, que lo sabe solamente quien tiene una editorial. Con esto queda claro que los editores no ponemos precio a dedo para enriquecernos y que el dinero que nos llega por cada libro vendido es prácticamente una migaja. Y después seguimos invirtiendo el dinero que ni siquiera tenemos. El que es empático con esto, bárbaro. El que no, que lidie con su propia conciencia”, explicó el editor de Marciana.

En este sentido, los editores consultados coincidieron en que no hay una intención de conversar sobre este tema de un modo más serio públicamente. Especialmente porque las editoriales grandes con variedad de títulos, traducciones y diversidad de sellos tienen un modo de formar su PVP muy diferente al proceso que debe encarar y sostener una editorial mediana o pequeña, que quizás publica una o dos novedades mensuales.

“En redes se abre un debate sesgado, miope, porque no es una conversación cara a cara en el que uno puede cruzar argumentos. Y encima hoy por hoy la pregunta fundamental es en qué medida les va a resultar posible publicar libros, por los costos de imprenta y en un panorama incierto en donde no se sabe si la ley va a seguir o no va a seguir”, reflexiona Fanti.

“Hay que ser consecuente con el espacio que cada uno ocupa dentro del ambiente literario. Todos podemos equivocarnos, nadie está exento de eso. Pero obrar con malicia y con falta de empatía con el sector hace que la verdadera discusión se distorsione hacia un lugar muchísimo más complejo. Acá no hay buenos o malos, acá hay un ecosistema que se apoya entre sí. Y hay que cuidar ese ecosistema. No hay que llenarlo de mierda”, agregó Fernández.

Según datos publicados por el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Argentina tiene 3,43 librerías cada 100 mil habitantes y supera así a países como Brasil, Colombia, Chile y México gracias, entre otros factores, a la actual Ley de defensa de la actividad librera que pretende ser derogada en la Ley “Bases”.

Esto garantiza, entre otras cosas, que pequeñas y medianas librerías así como pequeñas y medianas editoriales puedan aportar a la bibliodiversidad que tiene nuestro país y que cada vez es más rica.

“Lo que creo es que tenemos que pensar formas de democratizar realmente el acceso a la lectura. Pero eso se vuelve muy difícil en este contexto, sobre todo si nos quitan las herramientas con las que se puede conversar. Vivimos en una época bastante individualista. Lo que falta un poco es mirar que, en lo que llamamos bibliodiversidad y variedad, anidan un montón de realidades distintas de autores y editores, y no todo es lo mismo, por suerte. Y eso se traduce en términos económicos, también”, concluye Fanti.

(*) Agencia de noticias Telam.