La Real Academia Española (RAE) eligió al escritor nicaragüense nacionalizado español Sergio Ramírez para ocupar la silla L que había quedado vacante tras la muerte del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en abril del año pasado.

La candidatura de Ramírez fue la única presentada para ocupar ese puesto y contó con el aval de tres académicos, tal como establecen los estatutos de la institución: el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez y el actual director de la corporación, Santiago Muñoz Machado.

El autor deberá pronunciar ahora su discurso de ingreso para tomar posesión formal de la plaza. El reglamento de la academia establece un plazo máximo de dos años para concretar ese paso.

A sus 83 años, Ramírez es una de las figuras centrales de la narrativa iberoamericana contemporánea. Novelista, cuentista, ensayista y periodista, construyó una obra atravesada por la historia política de Nicaragua y los conflictos de América Latina. Entre sus títulos más reconocidos figuran “Margarita, está linda la mar”, ganadora del Premio Alfaguara en 1998, y “Tongolele no sabía bailar”, novela prohibida en Nicaragua por retratar las protestas de 2018 reprimidas por el gobierno de Daniel Ortega.

En 2017 recibió el Premio Cervantes, convirtiéndose en el primer escritor centroamericano en obtener el máximo reconocimiento de las letras en español. Más recientemente fue distinguido en Madrid con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2026.

La vida de Ramírez también estuvo marcada por la política. Integró el denominado “Grupo de los Doce”, que se opuso a la dictadura de Anastasio Somoza, y participó de la revolución sandinista. Más tarde formó parte de la Junta de Gobierno junto a Ortega y fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990.

Desde 2021 vive exiliado en Madrid luego de ser acusado por el gobierno nicaragüense de “incitar al odio y la violencia”. El escritor sostiene que atraviesa un segundo exilio, después del que vivió en Costa Rica en 1978 durante la dictadura somocista.

Mientras el oficialismo nicaragüense intenta borrar su nombre de registros y espacios públicos, su próximo ingreso a la RAE consolida una trayectoria donde literatura, memoria y política permanecen unidas de manera inseparable.

Una carta firmada por el novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra el 8 de julio de 1593 será subastada el próximo 27 de mayo en la casa Durán Arte y Subastas de Madrid con un precio de partida de 120.000 euros (unos 139.000 dólares).

Se trata de un documento en el que el autor del “Quijote” declara haber recibido 600 reales de plata de salario por 60 días de trabajo para Andrés de Cerio por una misión administrativa conocida como comisión de Isunza.

Según el medio digital El Pespunte, el documento es una carta de pago realizada ante escribano público, en la que el escritor recibía el salario por la ayuda prestada para la provisión de galeras españolas que salían desde Sevilla rumbo a las Indias.

La carta, según detalla Durán Arte y Subastas, mide 31,4 x 20 centímetros, está hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y tiene una “pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura”.

La casa de subastas añade que no se conocen manuscritos de Cervantes de naturaleza privada tales como memorias ni escritos literarios, y que “los escasos manuscritos auténticos conservados son, como en este caso, documentos de carácter administrativo, y se custodian en instituciones”.

El Pespunte recuerda que el documento fue reclamado por la Junta de la región de Andalucía en 1998, cuando salió por primera vez a subasta en Barcelona. Entonces demostraron que había sido sustraído de la Sección Histórica de Protocolos Notariales del Archivo de Sevilla.

La administración regional interpuso una demanda en un juzgado de Palma de Mallorca que fue desestimada en 2007 y confirmada por la Audiencia Provincial de esta ciudad. Aunque consiguió parar esa primera subasta, ha vuelto a aparecer de la misma manera, en un proceso de venta.

La Justicia española absolvió a Shakira por el expediente fiscal correspondiente a 2011 y ordenó que le devuelvan €60 millones de euros que había abonado a la hacienda de España, en su descargo, la artista se refirió al “señalamiento brutal” que sufrió por dicha causa.

Tal como indicaron medios locales, la decisión se basó en una parte del caso y concluyó que no estaba probado que viviera en el país europeo el tiempo suficiente como para pagar impuestos allí ese año.

La intérprete había aceptado un acuerdo con la fiscalía en 2023 por el supuesto delito de evasión fiscal entre 2012 y 2014, pagó la multa millonaria y evitó una condena mayor. No obstante, la Audiencia Nacional finalmente le dio la razón por el expediente mencionado.

Tras conocerse la resolución, Shakira sostuvo que “las cosas se han puesto finalmente en su sitio” y aseguró que durante ocho años soportó “un señalamiento público brutal, con campañas orquestadas para destruir la reputación, además de haber pasado noches enteras sin dormir”.

“Afectó mi salud y el bienestar de mi familia”, continuó la intérprete en un comunicado difundido por El País, en ese sentido, la artista remarcó que “nunca” dejó de confiar “en que la verdad se impondría” y cuestionó el tratamiento que recibió durante el proceso judicial al afirmar que fue considerada culpable “antes incluso de haber presentado pruebas”.

El mismo texto señaló: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto. Se filtró, distorsionó y amplificó cada paso del proceso. Se usó mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia”.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional”, cerró.

En el documento oficial, los jueces remarcaron que la propia administración reconocía una permanencia máxima de 163 días en España durante 2011, por debajo del límite legal. Además, señalaron que en ese momento Shakira no tenía vínculo conyugal ni hijos residentes en España y que la mayor parte de su actividad económica se desarrollaba fuera del país.

Por eso, concluyeron que “no ha quedado acreditado” que tuviera domicilio fiscal español en ese período y ordenaron la devolución total de las cantidades abonadas, junto con costas e intereses.